Por Javier Madrazo. Licenciado en Filosofía Pura. Ejerce de profesor en un Instituto de Bachillerato de Bilbao. Ex-Coordinador General EB-IU ( 1995-2009), Ex-Parlamentario Vasco (1994-2001) y Ex-Consejero Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco ( 2001-2009)
El desempleo es un drama lacerante, que no distingue entre hombres y mujeres, jóvenes y mayores, inmigrantes o personas autóctonas. Todas y todos podemos ser víctimas de una situación crítica, que lesiona nuestra autonomía como seres humanos, afecta a nuestra autoestima y nos impide de facto disfrutar de una vida digna y desarrollar un proyecto independiente de futuro. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, es justo reconocer que los colectivos más vulnerables, mujeres, jóvenes e inmigrantes, son más propicios a sufrir las consecuencias de la pérdida de un puesto de trabajo y la imposibilidad de encontrar uno nuevo.
Quienes nos dedicamos a la enseñanza y además tenemos hijas e hijos en edad de incorporarse al mercado laboral somos conscientes día a día de la angustia que supone enviar un currículum vítae con la certeza de que se sumará a otros muchos para recibir como respuesta una negativa. En el mejor de los casos pudiera ocurrir que la fortuna les sonría y la recompensa sea un contrato precario, por semanas, horas o días, sin derechos sociales y un salario siempre inferior a los 1.000 euros. El alquiler de una vivienda en una ciudad media supera los 600 euros.
Poco o nada importan la formación, las estancias en el extranjero, la experiencia en prácticas o la disposición, entrega y voluntad. El modelo neoliberal imperante solo se rige por el beneficio inmediato, sin importarle que éste conlleve explotación y abuso. Para ello, han creado un entramado legal y normativo, que legitima sus actuaciones, sirviéndose de la complicidad de aquellos partidos que gobiernan en Europa al dictado de sus intereses.
Nunca ha habido más millonarios en el mundo y esta realidad coincide en el tiempo con un periodo aciago, en el que acceder a un empleo es como descubrir un tesoro. Las grandes empresas jamás pensaron que en un contexto de crisis pudiera ser tan fácil aumentar su balance de resultados .
–Apostar por la FP—
Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que se habla de recuperación económica, aunque es obvio que ésta, de ser real, no alcanza ni a todos los hogares ni a todas las personas. En España contamos con una juventud bien formada y un sistema educativo público de calidad, que con seguridad tendrá mucho que mejorar, pero constituye, sin duda alguna, un buen punto de partida. De hecho, resulta clave impulsar una apuesta estratégica por la formación profesional, vinculada y conectada a las necesidades del ámbito laboral.
Igualmente, es imprescindible reforzar la inversión en investigación y nuevas tecnologías si queremos ganar conocimiento y competitividad.
La pregunta es evidente: ¿Cómo lograrlo? Sólo hay un camino. Y éste pasa necesariamente por la implicación política y la colaboración con los profesionales de la educación, muchas veces impotentes ante la falta de estímulos y recursos. Es urgente incrementar la inversión pública en educación e investigación si queremos posicionarnos como un referente de valor en nuestro entorno y generar así empleo cualificado con proyección internacional. Este es uno de los grandes déficits de España. En su día, se confió el crecimiento a la construcción con la misma vehemencia que hoy se alaba el peso del sector turístico como un garante para la creación de puestos de trabajo.
Son, a todas luces, motor de actividad, pero no pueden ser el modelo que nos defina. El empleo que promueven es precario, inestable, temporal y los salarios insuficientes. Un país próspero, en el que sus habitantes gocen de mayores cotas de bienestar y opciones de avanzar profesionalmente, solo será posible si sus jóvenes reciben una formación adecuada y se integran en empresas comprometidas con la innovación, la inteligencia artificial y los servicios avanzados; empresas, por supuesto, que les ofrezcan estabilidad y motivación, y paguen impuestos en función de sus beneficios, de modo que éstos se puedan redistribuir de un modo justo en pro de una sociedad más cohesionada y equilibrada.
